El Gobierno de Milei vuelve a enfrentar a las prepagas por aumentos excesivos en sus tarifas.

El Gobierno de Javier Milei vuelve a tensar su relación con las empresas de medicina prepaga debido a los recientes aumentos de precios que consideran excesivos. Esta confrontación comenzó cuando el Ejecutivo desreguló el sector al inicio de la gestión, pero ha resurgido tras detectar subas muy por encima de la inflación. Según fuentes oficiales, el Gobierno evalúa volver a la Justicia para frenar estos aumentos y, además, está trabajando en herramientas para facilitar que los afiliados puedan comparar y cambiar de prestador si lo desean.

Pese a que los aumentos actuales se mantienen por debajo del 10%, el Gobierno detectó que muchas empresas de medicina prepaga duplicaron la inflación en el último mes. Entre las firmas con mayores subas se encuentran Accord Salud (6,9%), Omint (6,3%), Sancor Salud (6,1%), Galeno (entre 6,1% y 6,9%), Hospital Italiano (5,22%), Hospital Británico (5,2%), Medicus (4,25%) y OSDE (4,2%). Estos incrementos causaron malestar en el oficialismo, que considera que algunos ajustes no están justificados.

Funcionarios del Gobierno han señalado que hay prestadoras que aumentaron tarifas de manera razonable y que siguen brindando el mismo servicio, lo que sugiere que los aumentos de otras compañías no se corresponden con sus costos operativos. Esto ha reavivado las sospechas de un posible abuso hacia los afiliados, una preocupación que podría motivar una nueva acción judicial, similar a la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en marzo pasado.

En este contexto de desregulación, las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 han continuado. Uno de los cambios recientes más relevantes ha sido la finalización de la triangulación de fondos entre las prepagas y las obras sociales, permitiendo a los afiliados dirigir sus aportes directamente, sin intermediarios, en un esfuerzo por fomentar la competencia en el sistema de salud.