Universidades Públicas: Clave para la Inclusión y el Desarrollo en Argentina

En un contexto argentino donde los ajustes económicos se han vuelto cotidianos, los derechos y la inclusión parecen quedar relegados ante las prioridades financieras del gobierno. En respuesta a esta situación, se han intensificado las marchas y las tomas de las universidades, en demanda de la atención a las políticas públicas, creando un claro mensaje de resistencia ciudadana. En medio de este clima de tensión, las autoridades se enfocan en deslegitimar estas manifestaciones, tachándolas de "políticas" y reforzando la narrativa de auditorías en el ámbito educativo, como si no se llevaran a cabo. Sin embargo, esta afirmación oculta una realidad: las universidades públicas están sujetas a rigurosos controles, tanto internos como externos, a cargo de la Auditoría General de la Nación, una entidad con rango constitucional.

Los altos funcionarios del gobierno también han criticado la "eficiencia" del sistema educativo. Si bien es cierto que la educación superior presenta áreas susceptibles de mejora, la clave para estas correcciones radica en aumentar el presupuesto asignado.

La Libertad Avanza, un partido con afinidades al menemismo de los años '90, glorifica una época que, a pesar de los perjuicios que se ocasionaron a la educación pública, también en esos años se fundaron nuevas universidades. Una de las instituciones es la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), establecida en 1993. Que ofrece carreras en ingeniería y licenciaturas innovadoras como Ecología y Urbanismo. Ocho de cada diez graduados dela (UNGS) provienen de familias sin antecedentes universitarios, y el 89% de ellos trabajó mientras estudiaba. Apenas uno de cada diez graduados pudo dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Entre 2020 y 2023, la universidad superó los mil egresados, de los cuales un 55% fueron mujeres.

Otro caso ilustrativo es la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), fundada en 2009 y que vio un crecimiento exponencial en el número de graduados, pasando de 35 en 2013 a 1,074 en 2023. Estos resultados dejan entrever no solo la relevancia de las universidades públicas, sino también su efectividad en la formación de los futuros profesionales del país. Según el ranking mundial QS 2024, Argentina se enorgullece de contar con 28 programas académicos en las mejores 150 carreras del mundo, lo que refuerza la importancia de invertir en educación superior.

Desde sus inicios, la educación superior pública gratuita ha estado arraigada en el tejido social argentino. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, se ha mantenido como un símbolo de excelencia educativa. Un hito significativo en esta trayectoria fue la Reforma Universitaria de 1918, un movimiento estudiantil que buscaba democratizar la educación y mayor participación en la toma de decisiones. Esta reforma sentó las bases para la creación de un sistema universitario más inclusivo y participativo.

Los beneficios de la educación superior pública son múltiples y se extienden más allá de sus alumnos. Esta modalidad de educación permite que jóvenes de diversos orígenes económicos accedan a oportunidades que facilitan su movilidad social y acceso a un empleo digno, lo que repercute positivamente en el desarrollo económico del país. Según estudios, los graduados universitarios tienden a tener mayores ingresos y una mejor calidad de vida, lo que también se traduce en un impacto positivo en la salud y participación cívica.

La educación pública emerge como un recurso esencial no solo para la formación de profesionales capacitados, sino también como un baluarte de progreso social y económico del país.