El gobierno presiona para privatizar el futbol argentino.

El fútbol argentino enfrenta una nueva tormenta institucional tras la reciente reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque su continuidad fue avalada casi de forma unánime –con la excepción de Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata–, el gobierno de Javier Milei ha lanzado un contraataque. Su estrategia es clara: forzar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a los clubes, comenzando con medidas que asfixien económicamente al fútbol.

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, había suspendido inicialmente la reelección de Tapia, atendiendo a un pedido de Talleres. A la AFA solo se le permitió aprobar los estados contables y el presupuesto de 2025. Sin embargo, la entidad ignoró la resolución y llevó adelante su asamblea, ratificando la reelección de Tapia, modificando el estatuto para permitir hasta cinco mandatos consecutivos y cambiando su domicilio social de Viamonte a Ezeiza, fuera de la jurisdicción de la IGJ.

El gobierno de Milei no se quedó atrás y prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogará el DNU 510/2023, promulgado por Alberto Fernández y Sergio Massa en octubre, que había restituido ciertos beneficios fiscales para los clubes. Con la nueva normativa, se buscará desfinanciar a las instituciones deportivas, obligándolas a adaptarse a un nuevo esquema impositivo en un plazo de seis meses. Esta medida, al igual que las decisiones impulsadas en el pasado por Mauricio Macri, busca allanar el camino para la entrada de las SAD en el fútbol argentino, una propuesta que la mayoría de los clubes rechaza rotundamente.

El decreto que se firmará este lunes apunta a revertir el alivio fiscal que Fernández otorgó a los clubes de todas las categorías, incluyendo al fútbol femenino. En su lugar, se aplicarán las mismas medidas que introdujo Macri en 2019, las cuales aumentaron significativamente la carga tributaria sobre los clubes, impactando especialmente a los equipos más pequeños y con menos recursos.

En este contexto, el temor a sanciones por parte de FIFA y CONMEBOL se ha hecho presente. Las federaciones internacionales prohíben la intervención de los gobiernos en las decisiones internas de las asociaciones deportivas. Si bien la FIFA no se opone a la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, rechaza cualquier tipo de intervención estatal en este tipo de cambios. Las sanciones podrían ser severas, desde la descalificación de los clubes argentinos en torneos internacionales hasta la exclusión de la Selección Nacional de competiciones clave como las Eliminatorias para el Mundial.

El reciente decreto, además, incluye modificaciones en la Ley del Deporte, exigiendo a las asociaciones deportivas que adapten sus estatutos para permitir el ingreso de las SAD antes de agosto de 2025. Aunque actualmente los estatutos de la AFA prohíben las sociedades anónimas, el nuevo marco legal obliga a las organizaciones a no impedir la incorporación de este modelo jurídico, presionando a los clubes para que adopten cambios que, en muchos casos, consideran perjudiciales para su identidad y funcionamiento.

Mientras tanto, el Gobierno de Milei camina sobre una delgada línea. Si bien busca imponer las SAD, sabe que no puede arriesgarse a provocar sanciones que dejen al fútbol argentino fuera del escenario internacional. La amenaza de la FIFA sobre posibles sanciones a la AFA sigue latente, y el temor a que equipos como River Plate o Boca Juniors sean descalificados de la Copa Libertadores o que la Selección Argentina quede fuera del próximo Mundial ha generado incertidumbre tanto dentro como fuera de la AFA.

Con un escenario altamente polarizado, el futuro del fútbol argentino pende de un hilo. El gobierno de Milei avanza con sus planes, mientras los clubes, encabezados por la AFA, intentan resistir la embestida de las Sociedades Anónimas y la creciente presión financiera.